30 de diciembre de 2009

La modificación de la Ley Ómnibus en los sistemas de videovigilancia

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy una nota informativa sobre la modificación de la Ley Ómnibus en los sistemas de videovigilancia, tras la entrada en vigor el 27 de diciembre de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios.

Los puntos destacados son:
  • Hasta la entrada en vigor de la Ley 25/2009, el 27 de diciembre, sólo era conforme a la legislación de protección de datos personales la utilización de dispositivos de videovigilancia si se había contratado con empresas de seguridad privada, debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior.
  • La Ley Ómnibus reforma la Ley de Seguridad Privada, liberalizando esta actividad determinando que la venta, entrega, instalación o mantenimiento de estos sistemas podrá llevarse a cabo por particulares y empresas distintas de las de seguridad privada siempre que la instalación no implique una conexión con centrales de alarma.
  • Se modifica por tanto la exigencia de recurrir a empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior y de notificar el contrato a dicho Departamento.
  • En todo caso, deberán cumplirse en el tratamiento de imágenes las normas establecidas en la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal, entre las que se incluyen el deber de informar a los interesados, la inscripción de ficheros, y la implantación de medidas de seguridad.

Nota de Prensa completa.

(Madrid, 30 de diciembre de 2009). Hasta la entrada en vigor, el pasado 27 de diciembre, de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”), la legitimación para el tratamiento por particulares y empresas de imágenes captadas a través de dispositivos de videovigilancia sólo era posible en caso de que dichos sistemas hubieran sido contratados con empresas de seguridad privada, debidamente acreditadas ante el Ministerio del Interior, al que además debía notificarse el contrato que se hubiese celebrado, conforme a lo exigido por la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada.

La Ley Ómnibus ha suprimido para la mayor parte de los casos estas exigencias, al liberalizar la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos dispositivos, de forma que ya no será necesario acudir para su puesta en funcionamiento a una empresa de seguridad privada ni cumplir las obligaciones de notificación del contrato al Ministerio del Interior.

En concreto, el artículo 14 de la nueva Ley modifica el artículo 5.1 e) de la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada, añadiendo una Disposición Adicional Sexta a la Ley de Seguridad Privada con la siguiente redacción:
“Disposición Adicional Sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad:
Los prestadores de servicios y las filiales de empresas de seguridad que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidas de la legislación de seguridad privada, siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación.”
La interpretación de la mencionada disposición determina que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá: “vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad” sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, dado que la ley permite la instalación y mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes adquieran de estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

No obstante, la instalación de un sistema de videovigilancia conectado a una central de alarma, sí seguirá requiriendo la concurrencia de los requisitos exigidos hasta ahora; esto es, que el dispositivo sea contratado, instalado y mantenido por una empresa de seguridad privada autorizada por el Ministerio del Interior y que el contrato sea notificado a dicho Departamento.

En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la información; la notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos; o la implantación de medidas de seguridad.

12 comentarios:

Anónimo dijo...

Muy buena entrada. Pero sobre lo que comentabas en la entrada anterior de los ayuntamientos: si la instalación en sitios públicos corresponde a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿si contratan a alguien ya no se rige por la ley de seguridad privada como terminabas dicha entrada anterior?
Muchas gracias!

Marketing Positivo dijo...

Anónimo: exacto, salvo que la instalación esté conectada a una central de alarmas, en ese caso se mantiene la situación anterior.

Anónimo dijo...

La regulacion de instalacion de camaras para la seguridad PUBLICA no obliga a que la empresa instaladora esté inscrita como empresa instaladora de seguridad privada en el DGSE.

Marketing Positivo dijo...

Vamos a aclarar:
1) si quien instala cámaras son las fuerzas de seguridad pública (policía, etc), ni antes ni ahora han de recurrir a una empresa homologada.
2) si el contratante es un ayuntamiento, antes debía siempre acudir a una empresa homolgada, ahora sólo deberá hacerlo si el sistema está conectado a una central de alarmas.

Francisco Rivera Garcia dijo...

Apreciado Marketing Directo, su post me ha generado dudas si mi sistema de videovigilancia rimax, esta legalmente instalado?
Le comento yo dispongo del sistema de videovigilancai en el interior de mi casa y almacena las imagenes que se producen en el exterior para el control de mi cochera. Esta aplicación es legal o no?

Gracias

Anónimo dijo...

Buenas tardes,

En el caso que la AEPD ya haya iniciado un expediente sancionador anterior a la ley Omnibus por no tener una empresa homologada de seguridad homologada, ¿tenemos alguna defensa frente a eso?
Gracias.

Marketing Positivo dijo...

Francisco Rivera Garcia: cuando dices "exterior" ¿te refieres a la vía pública? En ese caso, aunque esta nueva ley avalaría en principio la instalación personal del sistema sin la participación de una empresa de seguridad homologada, aún deberías inscribir el correspondiente fichero de datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos y colocar el cartel avisador de zona videovigilada con la indicación del responsable del fichero. Y eso suponiendo que tal videodigilancia sea proporcional.

Anónimo: habría que ver en que momento de su desarollo se halla el expediente, pero entiendo que sería muy dudoso.

Anónimo dijo...

lo que deberian de liberalizar es el sector de seguridad privada que si lo queremos pudieramos tabajar como autonomos con nuestro seguro de rc de lo que fueramos a guardar o escoltar

Anónimo dijo...

Hoy ha salido publicado en el BOE lo que comentaba hace unos meses, enlace : http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/

La instalación de sistemas de videovigilancia queda definitivamente restringida a las empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior.

Boletín Oficial del Estado: viernes 18 de febrero de 2011, Núm. 42

MINISTERIO DEL INTERIOR, Órdenes INT/314/2011, 315/2011, 316/2011 y 317/2011 de 1 de febrero de 2011. LA VIDEOVIGILANCIA NO SÓLAMENTE SEGUIRÁ SIENDO UNA ACTIVIDAD EXCLUSIVA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD HOMOLOGADAS SINO QUE SE REGULAN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (HOMOLOGACIONES) QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS Y LAS SANCIONES A LOS QUE INSTALEN EQUIPOS SIN ESTAR AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

Estas órdenes especifican explícitamente, entre otras cosas, que: 1) Las cámaras de videovigilancia son susceptibles de provocar actuación policial y, por tanto, se consideran a todos los efectos elementos y parte del conjunto de sistemas de seguridad con independencia de que estén conectadas o no al sistema de alarma (CRA) y 2) La instalación de estos sistemas está reservada exclusivamente a las empresas autorizadas por el MI.

HABIÉNDOSE PRODUCIDO EN EL DÍA DE AYER LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DE ESTA NORMATIVA CREO QUE SE PUEDE DAR POR FINALIZADO EL FORO.

Anónimo dijo...

Que pasos tengo que seguir para dar de alta en la Agencia de proteccion de datos una instalacion de CCTV.
Muchas gracias.

Marketing Positivo dijo...

Anónimo: en este enlace tienes una guía con todos los pasos para dar de alta un fichero: Inscripción de ficheros en el RGPD

Anónimo dijo...

Anónimo dijo...

Hoy ha salido publicado en el BOE lo que comentaba hace unos meses, enlace : http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/

La instalación de sistemas de videovigilancia queda definitivamente restringida a las empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior...

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He leído las ordenes del BOE que ha indicado este comentarista y no he encontrado en ningún momento referencias a lo que comenta. Al contrario, siempre hablan de sistemas conectados a una central de alarmas.

Pediría que me especificase el punto exacto donde el interpreta que se ha derogado la ley Omnibus, o que se abstenga de hacer tal declaración.

Muchas gracias

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